La medida, que afecta a cerca de 230 mil personas, se inició esta semana, mientras voceros de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) indicaron que las nuevas autoridades del organismo convocarían a un encuentro para entablar un diálogo con los transportistas.

Por su parte, desde el Foro Permanente de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad indicaron que se encuentran en "estado de alerta", ya que la situación de "crisis del sector vulnera los derechos del colectivo".

La falta de transporte para las personas con discapacidad "es por tiempo indeterminado", en reclamo de "un urgente reajuste arancelario". De esta manera, en los últimos días, miles de personas no pudieron trasladarse a los espacios de sus terapias, centros de día o de rehabilitación.

"El cese de actividades, que comenzó en el inicio del año, es en demanda al Estado de una actualización del monto que cobran por esos traslados", señalaron fuentes de la Federación, en referencia a los recientes incrementos del combustible y otros insumos para el transporte.

Según voceros de la Andis, hasta diciembre se había aumentado el transporte en incrementos mensuales aprobados por el Directorio de discapacidad, que el organismo integra junto a la Superintendencia de Servicios de Salud, el PAMI y otras asociaciones.

Frente a la actual situación, desde el Foro Permanente de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad advirtieron que "los aranceles de las prestaciones no se condicen con la inflación. La brecha entre los aumentos y los incrementos en los costos operativos (sueldo, combustible, alimentos e insumos) es insostenible".

"Sin transporte las personas con discapacidad no pueden acceder a las demás prestaciones de salud, educación, terapéuticas y rehabilitación, entre otras. Que la discapacidad está en emergencia, no es una frase, es una realidad", concluyeron.

Télam