Martínez, habitual denunciante en la Mesa de Entradas de Comodoro Py 2002, pidió que se investigue “la presunta comisión de los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos”.

La causa quedó registrada bajo el número 667/2024 y recayó en el juzgado federal número 11, a cargo del magistrado Julián Ercolini.

La abogada denunció que “la trama de contrataciones opacas con el rubro seguro -actividad que Alberto Fernández conoce en profundidad porque allí inició su actividad política- fue revelada en una columna del editor general Adjunto de Clarín, Ricardo Roa”.

“El periodista contó que dentro de la ANSES se descubrió un negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios”, sostiene la denuncia.

“Los 20.000 millones de pesos es lo que le paga la ANSES al Nación por año para asegurar la vida de jubilados y pensionados a los que les da créditos: desde 2011 los venía otorgando sin este seguro. A su vez Nación subcontrató otras aseguradoras y, como puente entre los dos organismos estatales, a un broker, con una comisión tres veces mayor a la del mercado: 17%. Unos $ 300 millones mensuales”, abundó.

La denuncia apunta a que el “intermediario” era  Pablo Torres García, “un empresario y bróker financiero que habría cobrado una comisión varias veces mayor a la del mercado. Y otro bróker, Héctor Martínez Sosa, casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero”.

NA