En el causa judicial en Argentina, la investigación está a cargo del fiscal Fernando Domínguez, de la Fiscalía Federal N°2 de San Isidro y ante el Juzgado Federal N°1 del mismo distrito que conduce Sandra Arroyo Salgado.

Los investigadores detectaron depósitos, transferencias, cambio de divisas, créditos mutuos y operatorias con poderes certificados por notarios de confianza del núcleo criminal. Con estas herramientas legales, el cabecilla autorizaba a operar en su nombre a los comúnmente denominados testaferros, tanto en temas administrativos como en aspectos civiles (compra venta de autos, empresas, viviendas, terrenos, etc.).

Habiendo desarrollado un patrimonio abultado rápidamente, sin ningún aval legal declarado a nivel nacional, las sospechas hacia M.C.S. y su familia se hicieron cada vez más evidentes por el elevado nivel de vida que llevaban: vivían en un country del norte bonaerense y se movilizaban en vehículos de lujo.

Con el paso del tiempo, mientras era rastreado por el Departamento Operaciones Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico de la PFA, “El Jefe” se volcó hacia el mercado vitivinícola, con una empresa en Mendoza que realizaba envíos de vinos a Brasil y Francia. También sumó nuevos socios criminales. Uno, identificado como E.D.M., llegó desde el país vecino al igual que él y a poco de ingresar a Argentina, consolidó una fuerte estructura dedicada a la compra/venta de activos virtuales.

Los detectives de la fuerza federal se involucraron en el mercado criptográfico para poder obtener direcciones de las cuentas o subcuentas con las que operaba la banda criminal. Una vez individualizados los sospechosos, el Juzgado ordenó la serie de allanamientos, que se llevaron a cabo ayer.

Además de las detenciones y del secuestro de elementos, “por disposición judicial se procedió a trabar embargo en todas las cuentas bancarias, inhibición de todos los bienes, congelamiento y bloqueo de cuentas de criptomonedas de más de 22 personas, como así también se dispuso la clausura de seis oficinas ubicadas en el microcentro porteño utilizadas para el intercambio ilícito de cryptoactivos y/o divisas extranjeras”, informaron las fuentes.

Toda la documentación incautada está ahora bajo análisis. En la investigación no se descartan nuevos allanamientos y detenidos.