Un delegado comunal de la localidad tucumana de Villa Medinas, departamento de Chicligasta, fue procesado con prisión preventiva, acusado de liderar una organización criminal que secuestró a los dos hijos de un empresario provincial y al chofer del remise en el que se trasladaban, y pidió por su liberación un rescate de siete millones de pesos.

El imputado es Diego Víctor Figueroa, recientemente reelecto como delegado en esa localidad, quien, al igual que el resto de los acusados (entre ellos su hijo), fue procesado por el juez Federal 1 de Tucumán, José Manuel Díaz, como coautor del delito de secuestro extorsivo agravado.

"La conducta desplegada por los cinco imputados requirió de una organización propia de una empresa criminal, donde cada uno de ellos actuó y realizó su aporte acorde a un plan para alcanzar un objetivo común", indicó el magistrado en la resolución difundida por el Ministerio Público Fiscal.

El hecho sucedió el 20 de diciembre de 2022 en la localidad tucumana de Santa Ana y tuvo como víctimas a los dos hermanos identificados como VHG y FLL, de 18 y 20 años respectivamente, y al chofer del remise en el que se trasladaban, JRO, de 50.

Los jóvenes son oriundos de la localidad tucumana de Aguilares e hijos de un reconocido empresario dueño de un corralón. Ese día tomaron el auto de alquiler para dirigirse a la vecina ciudad de Alberti, donde iban a encontrarse con una mujer, que les iba a realizar un pago por la compra de materiales de construcción, aunque no se descarta que esa transacción se trate de una maniobra utilizada como "anzuelo".

Cuando arribaron al lugar pactado, la supuesta compradora nunca apareció, sino que arribó un auto oscuro, del cual bajaron varios hombres armados, quienes redujeron a los tres totalidad de tripulantes del remise por medio de golpes de puño y amenazas.

La investigación, conducida por el fiscal federal Agustín Chit, determinó que las víctimas fueron secuestradas y obligadas a subir a otro auto, donde les vendaron los ojos y las trasladaron hacia un galpón. Allí, uno de los secuestradores hizo una llamada a través del teléfono celular de uno de los hermanos al padre de las víctimas para exigirle el pago siete millones de pesos de rescate.

De todas maneras, el empresario reconoció la voz del captor: "Yo te conozco, no te metas en cagadas", le dijo, y luego le colgó. A los pocos minutos, el padre de los cautivos recibió otro llamado, pero desde un número no identificado, donde otra persona (Figueroa) le preguntó si iba a pagar el rescate y amenazándolo: "No te hagas el malo porque nosotros tenemos a tus hijos".

Fue en esa comunicación que el secuestrador indicó que quería cobrar el rescate mediante una transferencia a un número de CBU, pero luego exigió que el dinero sea entregado dentro de una bolsa de color negra al costado de la ruta nacional 38, antes de llegar a la ciudad de Concepción.

Mientras recibía las indicaciones, el padre de los jóvenes escuchaba cómo golpeaban a uno de sus hijos, quien gritó: "Conseguí la plata que me van a matar". Durante el recorrido, las tres víctimas fueron subidas a dos autos distintos y llevadas por caminos de tierra durante treinta o cuarenta minutos, en los cuales sus captores pararon para comprar una gaseosa y cambiar una rueda pinchada.

Al final del trayecto, les ordenaron bajar de los vehículos en un camino de ripio. Desde ahí caminaron hasta ser obligadas a sentarse en el pasto, donde los dejaron abandonados sin cobrar el rescate. Al no escuchar más voces, las víctimas se quitaron los vendajes de los ojos y verificaron que estaban solas, con el remise en el lugar y con las llaves puestas, en la zona de Gastona Sur.

La investigación

A partir de la denuncia del caso, el fiscal Chit dispuso una serie de medidas, entre las cuales se incluyó el levantamiento de evidencias en el auto en que se trasladaban las víctimas, la averiguación de la titularidad de las líneas utilizadas y el impacto de las llamadas en las celdas de telefonía celular y ángulo de cobertura, además escuchas directas, todo ello a cargo del Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal Argentina, con el apoyo de la Unidad Regional Tucumán de la Policía Federal Argentina.

Se tuvo por resultado que todos los dispositivos telefónicos impactaron en las mismas celdas en el día y horas de los hechos. Finalmente, el 14 de septiembre pasado a la madrugada, los acusados fueron detenidos en allanamientos realizados en las localidades de Medinas y La Trinidad, ubicadas a unos 95 kilómetros de la capital provincial.

En uno de los domicilios se encontró el teléfono celular robado a una de las víctimas, que en la actualidad lo seguía usando con otra tarjeta SIM, lo que fue clave para la investigación.

Con la evidencia reunida, el juez procesó con prisión preventiva a Figueroa y a los otros cuatro acusados por el delito de secuestro extorsivo agravado por haber participado más de tres personas, delito que prevé penas de entre 10 y 25 años de prisión, y embargó a cada uno por un monto de 3 millones de pesos.