Las autoridades a cargo de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA) aseguran que para mediados de 2025 podría estar listo el marco regulatorio y las modificaciones en el estatuto de la compañía para darle seguridad jurídica a los eventuales interesados en comprar la empresa encargada de proveer los servicios de agua y cloacas para la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. “Se le debe dar seguridad a los inversores de que no van a comprar una compañía que a los pocos años alguien va a intentar reestatizarla”, comentan en la empresa que por estos días conduce Alejo Maxit. En este sentido, uno de los objetivos que planteó la actual gestión es el de regularizar la deuda multimillonaria que varias entidades nacionales, provinciales y municipios poseen con AYSA. El pasivo asciende a unos $9256 millones, número al que se le deben sumar los intereses y los recargos por mora. Según pudo saber, la morosidad que estos organismos tienen con AYSA representa el 6,3% del total de las deudas que debe cobrar la compañía, incluyendo a todos los usuarios. Mientras avanza con su privatización, AYSA busca cobrarles $9000 millones a organismos y municipios Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA) provee servicios a 241 organismos, tanto nacionales, provinciales como municipales, que generan una facturación bimestral de $7100 millones. La mayoría mantiene una importante deuda con la empresa, por lo que este año se lanzó un plan de regularización para cubrir los saldos pendientes. En la empresa dicen que el proceso para cobrar esta deuda es importante de cara a la privatización de la compañía, ya que colaborará con la estabilización de las cuentas y permitirá optimizar las ganancias, lo que la volverá más atractiva para el mercado. Además en AYSA aseguran que es clave que los organismos deudores vuelvan al circuito regular de pago, es decir, a abonar sus facturas de agua. Pudo saber que actualmente hay 12 organismos pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tienen deudas con AYSA y otros 26 de la provincia de Buenos Aires. “En relación a los organismos de CABA y PBA se trabaja en avanzar y completar la incorporación de todos sus entidades al circuito de pago y regularización”, explicaron desde la firma. Por otra parte, a comienzos de año, AYSA tenía deudas con 26 municipios, de los que ya se regularizó la situación con 18, mientras que otros cinco están en proceso de completar sus pagos y hay tres municipios que se encuentran en plena negociación, por ejemplo, Hurlingham. A su vez hay unos 176 organismos nacionales, es decir, bajo la órbita del Ejecutivo Nacional, que tenían o tienen deudas con AYSA. Actualmente, entre los principales organismos nacionales que están fuera del circuito de pago y presentan deuda con AYSA, están: Trenes Argentinos Infraestructura Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) Emprendimientos Ferroviarios S.A. Belgrano Cargas Administración General de Puertos Playas Ferroviarias S.E. Ministerio de Salud de la Nación Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENAF) Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Desde la compañía afirman que aquellos organismos que no se adhieran a las alternativas de pago que plantea la empresa deberán enfrentar acciones de cobro como cortes del servicio o acciones legales. El cuadro de situación actual respecto de la deuda que organismos y entidades mantienen con AYSA es el siguiente: El 55% de los organismos está negociando la deuda. Un 10% aún continúa con las tratativas de regularización. El 35% ya acordó el pago de la deuda y volvió al circuito de pago. Qué alternativas se estudian para la privatización de AYSA El Estado Nacional es propietario del 90% de las acciones de AYSA mientras que el 10% restante está en manos del personal, que accedió a esa porción de esos títulos a través de un Programa de Participación Accionaria (PPA). La compañía no solo provee el servicio público de agua potable sino los tratamientos de desagües cloacales para la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, una de las zonas más densamente pobladas del continente. La idea del gobierno de Javier Milei es venderla y en la compañía ya iniciaron un proceso para reducir el personal, que pasó de 7700 trabajadores a 6400 mediante un sistema de retiros voluntarios. En este sentido, se analizan dos posibles escenarios a la hora de poner a la venta la compañía. Uno es que el Estado se desprenda de todas las acciones de AYSA mediante licitación pública, un proceso que se realizaría por etapas. La segunda alternativa es lanzar a AYSA al mercado de capitales, es decir, que los privados puedan comprar acciones de la compañía. Este proceso de licitación pública en la Bolsa pondría a la venta un determinado porcentaje de las acciones de la firma, que aún no está definido. La cuestión se resolverá en los próximos meses y será resultado de un trabajo conjunto que realiza el presidente de AYSA Alejo Maxit junto con Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. AYSA fue una de las empresas que quedó sujeta a privatización o concesión después de la aprobación de la Ley Bases y en los pasillos de la Casa Rosada aseguran que se trabaja para que en 2025 pase a manos del sector privado. Al menos un porcentaje importante de la compañía.