La Justicia Federal suspendió la audiencia pública dispuesta por el Gobierno para definir el aumento de los boletos de micros y trenes. La medida, que interrumpe los aumentos anunciados por la Secretaría de Transporte, se sustenta en la falta de un “adecuado procedimiento” de la participación ciudadana para establecer los nuevos valores de los pasajes para los servicios de trenes y colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires. La disposición es del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N°3 de Lomas de Zamora, el cual está a cargo interinamente del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, fue en respuesta al planteo que hizo el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien cuestionó el sistema implementado por la administración de Javier Milei para expresarse sobre el tema, que consiste en la posibilidad de dejar un comentario en la web del sitio Mi Argentina. “Hacen una truchada absoluta, porque lo que hacen es que te invitan a una web donde hay consultas, te inscribís partir de Mi Argentina y tenés cinco mil caracteres para expresar tu opinión sobre el aumento. Es un chat donde opinas escuetamente sobre esto que pasa, con eso dan por cumplida la audiencia y pasan directamente al aumento”, sostuvo el jefe comunal al justificar su presentación. De acuerdo a la resolución judicial, el mandatario municipal interpuso la acción de amparo “contra el Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Infraestructura - Secretaria de Transporte, a fin de que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución nro. 616/18 del Ministerio de Transporte y la nulidad absoluta de la Resolución 1/2024 RESOL-2024-1-APN-ST#MINF de la actual Secretaría de Transporte, que da inicio al proceso de modificación de tarifas, por entender que se violan las garantías constitucionales”. De esta manera, la medida cautelar suspende los efectos del procedimiento de la consulta pública -establecida por la resolución 1/2024- que buscaba modificar el cuadro tarifario del transporte automotor de pasajeros urbano y suburbano de jurisdicción nacional y del transporte ferroviario de pasajeros de jurisdicción nacional. La suspensión será “por el plazo de cinco días, tiempo durante el cual se deberán adoptar las medidas tendientes a garantizar los derechos enunciados, readecuando el procedimiento de participación ciudadana”. No obstante, el fallo del juez Ernesto Kreplak, quien subroga en Lomas de Zamora, establece que el Gobierno deberá ser notificado “una vez finalizada la feria”. A partir del 1 de febrero, entonces, el Ejecutivo dispondrá de cinco días para contestar la demanda.