El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó este viernes la “reestructuración” impulsada por el Gobierno sobre el Centro Cultural Heraldo Conti, ubicado en el Museo de Memoria ESMA y dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos. “Repudiamos estas medidas que significan un atropello a los derechos humanos en un país que lleva 41 años de democracia a través de un consenso social del Nunca Más”, publicó en X. El 31 de diciembre alrededor de 90 trabajadores recibieron un mensaje por Whatsapp donde se les comunicó que, a partir del jueves 2, no debían presentarse en el Conti. El texto recibido aseguraba que el centro se encontraría cerrado desde esa fecha para el “rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante”. Aun así, el exjuez y encargado de la Secretaría de Derechos Humanos. Además, informaron que el personal se encontrará en “guardia pasiva” en sus domicilios, “atentos a convocatorias que se cursaran por etapas a los fines aludidos”. “La provincia de Buenos Aires expresa su repudio frente al brutal ajuste del Gobierno nacional a las políticas de derechos humanos”, comentó el mandatario provincial. Allí, enumeró una serie de medidas de la gestión libertaria que calificó como una “política de ajuste”. “Desde marzo de 2024, más de 250 trabajadores fueron despedidos y peligra el empleo de 300 en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que ayer amaneció con presencia policial en la puerta, decidiendo quién ingresa y quién no”, sostuvo, y agregó: “El anuncio de nuevas cesantías se produce luego de que el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dejara sin empleo a unos 2400 trabajadores contratados a través de un convenio con el ente cooperador ACARA”. Ayer por la mañana los empleados del centro cultural marcharon contra la “guardia pasiva”. La convocatoria fue realizada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, entre otras agrupaciones. Mientras tanto, cuatro efectivos de las fuerzas de seguridad controlaron el ingreso de los trabajadores al espacio. En agosto, Kicillof ya se había mostrado contra la “política de ajuste en derechos humanos” cuando repudió el cierre de la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños que funcionaba en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Fue a través del decreto 727/2024 firmado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que el Gobierno argumentó que la unidad especial “invade las competencias propias del Ministerio Público Fiscal en materia de investigación de hechos delictivos y afecta la división de poderes”. Tras ello, el gobernador anunció la creación de la Unidad Provincial Especializada para la búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura. “Se sumó a la puesta en valor de los Espacios de Memoria, y la profundización en general de las políticas públicas de promoción y protección que se realizan en materia de derechos humanos y que nos ubican como un ejemplo ante el mundo”, concluyó Kicillof. La medida la comunicó tras una reunión con Estela de Carlotto. “El Gobierno nacional no puede disolver la CONADI porque es un organismo creado a través de una ley, pero avanza con su desmantelamiento al quitarle funciones importantes a un organismo fundamental para la búsqueda de personas nacidas en Centros Clandestinos de Detención”, declaró Kicillof en ese entonces a Radio 10.