El Gobierno busca acelerar las privatizaciones de las empresas públicas, que fueron autorizadas por la Ley Bases y que están incluidas en el acuerdo técnico con el FMI. Con el decreto 416, el Ejecutivo fijó este miércoles las condiciones para efectuar las operaciones de venta, concesión o subasta de esos activos. El pase a privados de esas compañías es clave también en la búsqueda del Ejecutivo de acumular reservas en el BCRA. La gestión de Javier Milei determinó que los procesos para privatizar de manera total o parcial las firmas o desprenderse del paquete accionario, también total o parcial, se realizarán de forma online a través de dos plataformas: CONTRAT.AR y SUBAST.AR. La Oficina Nacional de Contrataciones será la encargada de implementar un nuevo módulo del Sistema de Gestión Electrónica CONTRAT.AR. En esta plataforma, que hasta el momento regía para los procesos de obra pública, se deberán ejecutar los procedimientos de licitación o concurso público que se efectúen para materializar las privatizaciones mediante la venta de los activos de las empresas, venta o colocación de acciones o cuotas partes del capital social. En tanto, cuando se trate de operaciones mediante procedimientos de remate público, se deberá utilizar el sistema SUBAST.AR. El decreto señala que los interesados en participar en los procedimientos de licitación, concurso o remate público deberán inscribirse y validarse previamente como usuarios externos del sistema CONTRAT.AR u oferentes en el sistema SUBAST.AR, según corresponda. Cuáles son las empresas públicas que busca privatizar el Gobierno A partir de la Ley Bases, la gestión de Javier Milei ya avanzó con el inicio del proceso de privatización del Belgrano Cargas, Corredores Viales, Intercargo y Energía Argentina S.A. (Enarsa). En tanto, como informó TN, a principios de junio, el Gobierno lanzó la licitación pública nacional e internacional para la “ruta del Mercosur” y luego dio los primeros pasos con llamados a audiencias públicas para concesionar en total 9000 kilómetros de rutas nacionales que hoy gestiona Corredores Viales. Por fuera de ese marco legal, aparecen las concesiones de cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue, por las que el ministro Luis Caputo calculó ingresarán divisas por unos US$500 millones. Incluso el ministro dijo que esas operaciones será parte de la etapa en la que el Tesoro sea el que sume dólares a las reservas del BCRA. Los plazos de esos contratos vencieron y el Gobierno busca nuevos operadores, aunque tensiones con los gobiernos de Neuquén y Río Negro (donde están las represas) demoraron el proceso que se esperaba estuviera listo para licitar antes de mitad de año. A las cuatro represas del Comahue, se suman otras dos hidroeléctricas, una en Mendoza y la otra en Chubut, cuyos contratos vencieron este año y fueron prorrogados hasta fines de agosto en camino hacia una nueva concesión. Se espera, no obstante, que tanto para las firmas privatizables por la Ley Bases como para las que están en condiciones de ser concesionadas por contratos vencidos no haya demasiados avances hasta al menos después de las elecciones. Y que recién para mediados de noviembre, se estima que el Gobierno presente una “hoja de ruta” de las privatizaciones y concesiones a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Esos planes fueron incluidos en el acuerdo con el FMI. Mientras, el Ejecutivo está trabajando en el decreto que habilita la venta de Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA), que se aplicará a través del traspaso de acciones mediante una licitación pública, junto con la colocación de otras en la Bolsa de Comercio. En tanto, la Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) que maneja los trenes de pasajeros urbanos todavía no cuenta con un plan definido. De acuerdo con la Ley Bases (27.742), el Gobierno podrá entregar acciones de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), pero el Estado deberá mantener la participación mayoritaria. El artículo 13 de la ley 27.742 establece que el Congreso intervendrá en los procesos de venta y que deberá ser informada de la modalidad que se utilizará. Además, la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) deberán presentarle además informes sobre el estado legal y financiero de las empresas.