La oposición en el Senado le asestó un nuevo revés al Gobierno al sancionar la ley que refuerza el financiamiento universitario, una medida que el presidente Javier Milei ya anticipó que vetará por considerar que compromete el equilibrio fiscal que impulsa desde su llegada al poder en diciembre de 2023.

La votación en la Cámara alta arrojó 58 votos a favor, 10 en contra y tres abstenciones, una mayoría superior a los dos tercios que, de repetirse, podría desactivar un eventual veto presidencial.

La norma establece que los gastos de funcionamiento de las universidades públicas deberán actualizarse "al 1º de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC entre el 1º de mayo y el 31 de diciembre de 2024". Para el resto de 2024, se prevén incrementos bimestrales.

El texto también obliga al Ejecutivo a actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios correspondientes al período comprendido entre el 1º de diciembre de 2023 y la sanción de la ley, en un porcentaje no inferior al IPC del mismo lapso. Asimismo, se dispone que todos los aumentos deberán ser "remunerativos y bonificables".

En paralelo, el Gobierno tendrá que convocar paritarias obligatorias con una frecuencia máxima de tres meses, garantizando que en cada tramo se otorgue una actualización mensual no inferior a la inflación medida por el INDEC, tanto para el personal docente como para el no docente.