Este jueves, bloques opositores se reunirán para presentar una nota formal al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, solicitando una sesión especial para el miércoles 17 de septiembre a las 12. El temario incluirá el tratamiento de los vetos presidenciales. La estrategia es impulsada por Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y un sector de la UCR, con legisladores como Julio Cobos, Natalia Sarapura, Karina Banfi, Gabriela Brower de Koning y Fabio Quetglas. También se sumarían representantes del PRO, fuerzas provinciales y los exoficialistas del bloque Coherencia: Carlos D’Alessandro, Marcela Pagano, Lourdes Arrieta y Gerardo González.

Si logran reunir los dos tercios de los legisladores presentes, podrán rechazar ambos vetos sin escalas. En paralelo, La Libertad Avanza intentará sostenerlos con al menos un tercio de los votos, aunque ya tuvo dificultades para alcanzar ese umbral con el veto a la ley de emergencia en discapacidad. Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario, y Martín Menem aseguran contar con sus 37 diputados y exploran nuevas adhesiones entre aliados del PRO, algunos radicales, diputados del MID y fuerzas provinciales.

En el Senado, en tanto, se prepara una sesión especial para el jueves 18. El foco estará puesto en el posible rechazo al veto sobre la ley de cambios en la distribución de los ATN, una iniciativa impulsada por gobernadores y aprobada por más de dos tercios del Congreso. Si Diputados avanza con el rechazo a los vetos relacionados con educación y salud, el Senado deberá esperar que Menem gire los textos a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La senadora cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas) criticó la postura oficial: “El Presidente insiste con el veto, afirmando que cuida la macroeconomía. Pero esa protección tiene un costo muy alto: desfinancia a las universidades públicas y la ciencia, desprotege la salud y la discapacidad, hipotecando el futuro social y productivo de nuestra Argentina. El Gobierno Nacional insiste en el enfrentamiento, sin gestionar ni dar respuestas. ¡Basta de eludir obligaciones!”.

En la misma línea se expresó el exgobernador Juan Schiaretti, quien este viernes participará en Río Cuarto de un encuentro con mandatarios para analizar la agenda parlamentaria. “La universidad pública argentina es un motor de movilidad social, de progreso y desarrollo científico. Desfinanciarla es cerrar la puerta al esfuerzo de millones de familias. No se trata de ideología, sino de sentido común y respeto por lo que somos como Nación. Vetar la ley que garantiza su financiamiento es darle la espalda a la sociedad y a la Argentina del futuro”.

Desde el radicalismo, el senador Maximiliano Abad también cuestionó la decisión del Ejecutivo: “El Gobierno persiste en un error que daña las bases del desarrollo argentino. No se puede seguir ajustando sobre la educación. La educación pública de calidad no es un gasto, es una inversión estratégica. El veto desconoce un reclamo genuino de la sociedad y atenta contra un derecho fundamental”.

La diputada Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) ironizó en redes sociales: “Primera gran medida de la mesa de madera que reemplaza al triángulo de hierro. No entendieron nada”.

Desde el Frente de Izquierda, los diputados Mercedes de Mendieta y Christian Castillo convocaron a movilizarse al Congreso. Castillo agregó: “Seamos cientos de miles en las calles cuando se trate en el Congreso. A prepararlo desde ahora con asambleas, tomas y paros”. La FUBA ya llamó a la comunidad universitaria a concentrarse ese día frente al Congreso.

Las leyes vetadas

Los vetos a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica se conocieron en la noche del miércoles.

En el caso de las universidades, la norma establecía medidas para garantizar el sostenimiento de la educación superior pública en todo el país. Entre sus puntos clave, incluía:

• Asegurar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes.
• Establecer una actualización a partir del 1° de enero de 2025 para los gastos de funcionamiento, según la variación acumulada del IPC entre el 1° de mayo y el 31 de diciembre de 2024. 

  Por su parte, la ley de emergencia en pediatría:

• Declaraba la emergencia sanitaria en el área por dos años.
• Disponía una recomposición inmediata de salarios para personal y residentes, que no podría ser inferior —en términos reales— a lo percibido en noviembre de 2023.
• Dejaba sin efecto el nuevo régimen de becas optativas para residencias implementado por el Ministerio de Salud.