La causa por el triple crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) ya tiene siete detenidos. Pero la Justicia todavía busca a dos prófugos que serían los planificadores del brutal asesinato y el engranaje principal del supuesto grupo narco. Son Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, y su ladero Matías Ozorio. La investigación establece que ambos forman parte de un peligroso clan familiar ligado al delito organizado, sobre todo en el narcotráfico, que vino desde Perú a sembrar terror a la Argentina. Las pericias indicaron que los acusados actuaron con perversidad y ensañamiento, dejaron un mensaje mafioso y hasta habrían hecho una transmisión en vivo del crimen para “aleccionar” a otros grupos. A diez días del triple asesinato, el fiscal Carlos Adrián Arribas ya tomó las primeras indagatorias y ordenó varios allanamientos con los cuales pudo reunir pruebas importantes. Ropa con sangre, celulares y cámaras de seguridad son algunos de los elementos que tiene la Justicia y que ya se incorporaron al expediente, que suma fojas a medida que pasan las horas. Cuando termine todas las indagatorias, Arribas deberá decidir si pide la prisión preventiva de los sospechosos. Es decir, tiene un plazo de 30 días para decidir si lo siete acusados siguen detenidos o si alguno recupera la libertad. Mientras tanto, la Justicia intenta recuperar el video de la supuesta transmisión que se hizo la madrugada del 20 de septiembre, y con el cual podría develarse quiénes estuvieron el día de los asesinatos en la casa de Florencio Varela. Quién es quién en el plan criminal Prófugos: “Pequeño J” (Tony Janzen Valverde Victoriano): señalado como el autor intelectual y supuesto planificador del triple crimen. Para los investigadores, no es un capo narco de cartel internacional, sino de un engranaje dentro de un clan familiar que impone terror tanto en Perú, más precisamente en Trujillo, como en la Argentina. Matías Agustín Ozorio: mano derecha de “Pequeño J”, también prófugo y con un rol clave en la ejecución. Detenidos: Ariel Giménez: acusado de cavar el pozo donde fueron enterradas las víctimas. Víctor Lázaro Sotacuro: habría dado apoyo logístico a la camioneta que trasladó a las víctimas hasta la casa de Florencio Varela. Florencia Ibáñez: sobrina de Sotacuro, señalada por ir en un auto de apoyo que seguía a la camioneta. Fue captada por cámaras de seguridad. Miguel Villanueva Silva: dueño de la casa donde aparecieron los cuerpos. Su último domicilio registrado en el DNI también figura en el asentamiento de La Esperanza, el mismo barrio en el que nació “Pequeño J”. Celeste González Guerrero: también dueña de la casa y pareja de Villanueva. Se presentó como arrepentida, pero evitó dar nombres en su declaración. Andrés Parra: fue detenido cuando limpiaba manchas de sangre con lavandina en la escena del crimen. Daniela Ibarra: estaba junto a Parra, también acusada de encubrir el hecho. De acuerdo a las imputaciones, “Pequeño J”, Ozorio, Guerrero y Silva Villanueva enfrentan cargos por homicidio calificado por concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, ensañamiento y femicidio; mientras que el resto de los implicados quedaron acusados de encubrimiento agravado. Según pudo saber TN, en medio de un pacto de silencio entre los principales acusados, Guerrero decidió declarar, aunque evitó dar nombres ante el temor a una venganza, pero se presentó como arrepentida y contó detalles que para los investigadores podrían ser clave. Lo mismo se espera de Sotacuro y su sobrina Florencia, quienes van a ser trasladados este martes a la fiscalía para declarar. “Van a hablar”, aseguró su abogado defensor, Guillermo Endi. Pero en su relato con el periodista Sebastián Domenech, la mujer no dejó en claro por qué estaba escoltando en su auto a la camioneta en la que trasladaron a las víctimas desde La Matanza hasta Florencio Varela. “Le habría dado apoyo logístico”, deslizó una fuente, aunque todo es materia de investigación. Ella asegura que es inocente. La sospecha de la transmisión en vivo Uno de los ejes más perturbadores de la investigación es la posibilidad de que el asesinato haya sido transmitido en vivo por las redes sociales. Los investigadores trabajan con la hipótesis de que los sicarios emitieron el ataque en directo como un mensaje mafioso, un mecanismo de “aleccionamiento” para otros grupos, para demostrar la brutalidad con la que se cumple la voluntad del clan de “Pequeño J”. Todavía no está claro en qué plataforma pudo haberse hecho la transmisión. Se mencionan Instagram, Facebook o TikTok, aunque no se descarta que haya sido en una red más cerrada, con acceso limitado a determinados usuarios. La fiscalía pidió que se rastree si existió un link, algún registro de la emisión o testigos que la hayan visto. El problema central, señalan las fuentes judiciales, es que muchas veces estos contenidos se borran rápidamente o las propias plataformas los eliminan de forma automática por violar sus políticas. Sin embargo, el abogado especialista en derecho informático Rodrigo Iglesias explicó a TN que Meta (dueña de Instagram y Facebook) tiene sede en la Argentina y está obligada a colaborar judicialmente. “Una transmisión en vivo de un hecho delictivo debería conservarse y ponerse a disposición. Técnicamente, la empresa cuenta con convenios internacionales para resguardar esa información, pero nunca lo hace y acá no se los obliga ni sanciona”, sostuvo. Según Iglesias, la fiscalía puede requerir a Meta que guarde todos los datos relacionados al video —direcciones IP, perfiles, geolocalización, incluso la lista de usuarios que lo vieron—, pero para eso necesita que un juez firme la solicitud y se envíe un exhorto internacional. En caso de que la empresa responda con una negativa sobre la información, debería iniciarse un proceso penal contra sus directivos tanto en Estados Unidos como en la Argentina, por falta de colaboración y entorpecimiento de la investigación. Otra hipótesis que manejan los investigadores es que la transmisión pudo haber quedado registrada en los celulares de los propios acusados, ya que varias aplicaciones guardan un archivo del vivo emitido. Por eso, los peritajes sobre los teléfonos secuestrados serán determinantes. En paralelo, existe un debate sobre qué fuerza federal está en mejores condiciones de realizar estas tareas. Para Iglesias, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tiene la mayor capacidad técnica. En cambio, advierte que la Policía Federal y la Gendarmería tienen menos experiencia en este tipo de pericias digitales. Abogados distintos y una estrategia dividida Las familias de las tres víctimas, por el momento, tienen distintos abogados. Por un lado, Fernando Burlando representa a la familia de Brenda del Castillo y Morena Verdi. En las últimas horas, reunió a un equipo de especialistas, que recién el lunes pudo acceder al expediente, y adelantó que no se descarta que el caso pase al fuero federal, ya que se investiga como parte de un delito organizado con ramificaciones en el narcotráfico. Sobre este mismo tema, el abogado Gonzalo Fuenzalida sostuvo lo contrario: “La fiscalía no se declaró incompetente para actuar. Más allá de eso, todavía no aparece un nexo causal de una vinculación entre las víctimas y los victimarios con respecto a un hecho de narcotráfico. No hay nada contundente para unir el caso con un delito más grande”. Fuenzalida representa a la familia de Lara Gutiérrez, la chica que habría sido el blanco principal de la banda narco. Si bien ya tuvo acceso al expediente, sostiene que gran parte de la documentación “está bajo secreto de sumario”, y que hay varios teléfonos secuestrados que serán peritados en los próximos días El abogado también opinó sobre la división de los particulares damnificados: “Están creando hipótesis entre las víctimas y no contra los victimarios”.