El invierno de 2008 quedó marcado por un caso espeluznante: la masacre de Campana. Una familia entera, integrada por Marcelo Mansilla, su esposa Sandra Rabago, y sus hijos Agustín y Milagros, de 12 y 8 años respectivamente, fue brutalmente asesinada por una supuesta venganza que dejó a todos sin palabras. Todo empezó el 24 de julio de ese año. Ese fue el día que los Mansilla desaparecieron repentinamente y el misterio fue llenando su ausencia hasta que recién después de casi una semana, el 29 de julio, aparecieron los cuerpos del matrimonio en un descampado cerca del río Luján. De repente quedó claro que la familia no se había ido por voluntad propia. Tampoco había sufrido ningún accidente trágico. Habían sido víctimas de un secuestro y durante el tiempo que estuvieron cautivos, Marcelo y Sandra fueron torturados. El hombre, de 41 años, había sido asesinado a mazazos y tenía las manos y los pies atados. A ella, de 37, también la habían golpeado con saña, pero además la apuñalaron. Un doble crimen que parecía encerrar un mensaje, y dejaba abierta la puerta a un drama mayor: dónde estaban los hijos. “Queremos a las criaturas” “Los padres están muertos, ya no hay nada que hacer”, decía quebrada en llanto a TN una tía de Agustín y Milagros. Y agregó: “Queremos a las criaturas ahora. Por favor. Y Justicia”. Pero la angustia y la incertidumbre no iban a disiparse tan rápido. Mientras tanto, el testimonio de varios vecinos que aseguraron haber visto el auto de los Mansilla en la puerta de otra casa del barrio Frino orientó la investigación hacia la familia que allí vivía, que no solo eran vecinos de las víctimas, sino que también mantenían con ellos una relación de amistad desde la década del ‘90. En esa casa, además, y no era este un detalle menor, cumplía prisión domiciliaria en una causa por homicidio, Ángel Fernández, quien se convirtió entonces en el primer y principal sospechoso de lo ocurrido con las víctimas. La policía detuvo a Fernández, pero fue su hijo, Cristian, quien terminó por confesar ante la policía que los hijos de Mansilla y Rabago estaban muertos y aportó datos para que los investigadores pudieran encontrar sus cuerpos. Drogados y asesinados a mazazos Ya era el 2 de agosto de 2008, cuando finalmente los encontraron tirados en el desagüe de la ruta, a unos 6 kilómetros del lugar en donde días atrás aparecieron los cuerpos de sus padres, y el horror se completó. Los dos chicos habían sido drogados y golpeados salvajemente hasta su muerte. Como si fuera poco, sus cuerpos estaban atados por las piernas, con trapos en las bocas, y una piedra sujetada a los pies. La polémica por la tobillera La familia masacrada decantó en tan solo un par de certezas y demasiadas dudas. Entre estas últimas quedó el enigma de la tobillera electrónica con la que supuestamente controlaban que Ángel Fernández cumpliera la prisión domiciliaria. ¿Habría podido el sospechoso sacarse la tobillera sin romperla y colocársela a otra persona para simular su presencia o participó del cuádruple crimen sin moverse de su casa? Entre críticas y cuestionamientos y la urgencia por explicar aquello para lo que todavía no tenían respuestas, las pericias dieron marcha y contramarcha sin arrojar un resultado claro. No obstante, había elementos suficientes para ordenar la detención de Ángel Antonio Fernández en la causa por el cuádruple crimen de Campana y también para entender que no había actuado solo. Cuatro sospechosos para una venganza Tras la confesión del hijo de Ángel Fernández, gracias a la cual se encontraron los cuerpos de los hijos del matrimonio Mansilla, su esposa, Stella Maris Cáceres, cayó en una suerte de efecto dominó y se convirtió en la tercera sospechosa en la causa. Es que todos vivían bajo el mismo techo, en la misma casa donde las cuatro víctimas estuvieron secuestradas hasta que alguien decidió matarlas. Era difícil pensar, casi imposible, que la mujer ignorara lo que allí ocurría. El caso ya tenía tres sospechosos, pero todavía estaba en la búsqueda de un posible móvil detrás de tanto espanto. La primera hipótesis que surgió, tal vez la más firme, fue la de una venganza. En esa línea de investigación, se decía que Ángel Fernández era conocido por robar en el barrio y que Sandra Rabago, la esposa de Mansilla y una de las víctimas, había declarado en su contra en un juicio anterior. Después, esa versión dio un paso más y sugirió que Rabago había complicado a Fernández en esa causa para cubrirse ella, ya que era su cómplice. Hasta se barajó la hipótesis de una relación extramatrimonial entre la mujer y el principal acusado de la masacre. “Sé que había una amistad entre ellos, pero nadie habló de amenazas, sé que ella había atestiguado por un robo, no sé si los acusó, pero reconozco que había una amistad y ellos se ayudaban entre sí”, expresó en aquel momento Beatriz Rabago, hermana de la mujer asesinada, en diálogo con los medios. Lo cierto es que ninguna teoría superó la mera especulación y el móvil de los asesinatos todavía hoy no se conoce con certeza. En cambio, la investigación sumó un cuarto sospechoso: Daniel Darío “Sordo” Vera, el socio de Fernández. Todos condenados El caso llegó a juicio en 2011. Entonces, el Tribunal Oral en lo Criminal de Zárate-Campana condenó a Ángel Antonio Fernández; su hijo, Cristian David Fernández; y su socio, Daniel Darío “Sordo” Vera a la pena de prisión perpetua por “homicidios calificados por el concurso premeditado de dos o más personas con alevosía”. Stella Maris Cáceres también fue hallada culpable de los homicidios y condenada a la pena máxima, aunque en su caso no se le atribuyó participación en la privación ilegal de la libertad de los Mansilla. En 2018, la Suprema Corte bonaerense confirmó las condenas de los cuatro y puso fin a uno de los casos más impactantes de las últimas décadas. Aún así, el móvil de la masacre continúa siendo un interrogante. Un secreto oculto.