Los trabajadores del Hospital Garrahan iniciaron un paro que durará hasta el domingo en reclamo por el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica. El Gobierno argumentó que la ley, que buscaba aumentar los fondos para el hospital, implicaría un impacto fiscal de más de $115 mil millones, lo que, según sus cálculos, desfinanciaría programas sanitarios clave como el calendario de vacunación. En respuesta, Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE Garrahan, sostuvo que el veto generó una “bronca terrible” entre el personal. “El veto a la emergencia pediátrica generó una bronca terrible en el Garrahan: vamos al paro desde las 7 de la mañana del viernes hasta las 7 del domingo”, sostuvo Lipcovich. Luego agregó: “La respuesta no puede esperar. Vamos a profundizar la lucha. La recomposición salarial es una necesidad urgente, pues continúan las renuncias y el vaciamiento hospitalario”. Vamos al paro porque, hoy más que nunca, entendemos que este es el momento de salir a las calles para reclamar y conquistar lo que corresponde”, indicó Lipcovich hace algunos días en diálogo con Radio Provincia. “La recomposición salarial es una necesidad urgente, pues continúan las renuncias y el vaciamiento hospitalario”, afirmó Lipcovich, anunciando el paro como la respuesta inmediata. Además del paro, se llevarán a cabo otras medidas de protesta, como un ruidazo Nacional, programado para este viernes a las 20 en rechazo a la decisión presidencial. También se espera que el próximo lunes haya una conferencia de prensa frente al Congreso de la Nación para continuar visibilizando el reclamo. El argumento del Gobierno El Gobierno argumentó que “el impacto fiscal directo de la recomposición salarial prevista alcanzaría la suma de $115.030.000.000″. También advirtió que ”el gasto generado deberá financiarse mediante reasignaciones dentro del presupuesto del Ministerio de Salud y con reservas destinadas a contingencias sanitarias, lo que inevitablemente conduciría a la desfinanciación de programas sanitarios vigentes y a la erosión de los recursos destinados para prestar asistencia en emergencias". “Una reasignación de ese orden equivaldría alrededor de un tercio del calendario total de vacunas, tres veces el crédito destinado para políticas de cobertura en VIH, lepra, tuberculosis, ITS y hepatitis virales o al financiamiento de un año y medio de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC), con el consecuente desfinanciamiento de políticas públicas estratégicas”, comparó.