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ACTUALIDAD

20 de enero de 2026

La reforma laboral divide a los gobernadores y obliga a Milei a negociar para sumar votos en el Congreso

El oficialismo buscará aprobar la iniciativa en febrero y el resultado funcionará como termómetro para los próximos objetivos del Gobierno. El vínculo del Presidente con los mandatarios provinciales entra en una nueva etapa, tras la confrontación de los primeros dos años.

A dos a�os del inicio del gobierno, la relaci�n de Javier Milei con los gobernadores dej� atr�s la l�gica de confrontaci�n abierta del primer tramo y entr� en una etapa m�s pragm�tica, de negociaci�n condicionada por el ajuste fiscal, la necesidad de votos en el Congreso y un esquema de recursos cada vez m�s escaso. El tercer a�o de gesti�n encuentra a las provincias reordenando posiciones frente a un eje central para la Casa Rosada: el paquete de reformas que se debatir� en el Congreso. El inicio del mandato libertario estuvo marcado por el choque. El recorte de transferencias, la paralizaci�n de la obra p�blica y la eliminaci�n de fondos compensadores tensaron el v�nculo con las provincias y derivaron en el fracaso de la primera versi�n de la Ley Bases. Ese episodio dej� claro que el poder territorial de los gobernadores es decisivo. En una segunda etapa, el Gobierno mostr� un giro. Con el ajuste ya consolidado y sin mayor�as propias, comenz� a reconstruir canales de negociaci�n. Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la promesa de reactivaci�n selectiva de obras y los acuerdos quir�rgicos sobre las deudas de las cajas previsionales se convirtieron en herramientas para coordinar apoyos legislativos, con el Presupuesto 2026 como primer paso en ese nuevo equilibrio. El tercer a�o encuentra a los gobernadores reordenando posiciones frente a debates centrales, con la reforma laboral como primera prueba legislativa. El oficialismo buscar� aprobarla en febrero y el resultado funcionar� como term�metro de una relaci�n que dej� de ser binaria y pas� a definirse voto a voto. Aliados y dialoguistas con reclamos abiertos Entre los mandatarios con mejor v�nculo con la Casa Rosada aparecen Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre R�os), Jorge Macri (CABA) y Claudio Poggi (San Luis). Sellaron acuerdos electorales con La Libertad Avanza, mantienen un di�logo fluido con el Ejecutivo y respaldan la reforma laboral, aunque reclaman fondos para infraestructura y mayor previsibilidad en los giros nacionales. En la misma l�nea se ubican Marcelo Orrego (San Juan), Juan Pablo Vald�s (Corrientes), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (R�o Negro) y Gustavo S�enz (Salta), que ?aunque mostraron algunas diferencias con el oficialismo? fueron clave para la sanci�n de leyes en 2025. Los peronistas Ra�l Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucum�n) ocupan una posici�n m�s ambigua, pero tambi�n aliada a Casa Rosada. Apoyaron el Presupuesto 2026 y se mostraron proclives a acompa�ar la reforma laboral, pero plantearon reparos sobre su impacto fiscal. Seg�n pudo saber, si bien consideran que la legislaci�n laboral debe cambiar, advierten sobre ?serios inconvenientes? en el proyecto del oficialismo, especialmente en algunos puntos que afectan a las econom�as con fuertes asimetr�as regionales. El foco del conflicto est� en el cap�tulo tributario. Los art�culos 190 y 191 reducen al�cuotas del impuesto a las sociedades y del Impuesto a las Ganancias, ambos coparticipables. No son los �nicos: gobernadores de distintos signos advierten que la merma en la recaudaci�n podr�a ser significativa y plantean que, si avanza, sea Naci�n quien absorba el costo durante 2026. En ese esquema se inscriben las recorridas del ministro del Interior, Diego Santilli, por provincias consideradas clave. En sus visitas recoge buena voluntad para apoyar la reforma, pero tambi�n reclamos por fondos que no llegan, obras paralizadas y deudas previsionales que siguen sin resolverse. Provincias Unidas y la estrategia de la imparcialidad El espacio de Provincias Unidas concentra a gobernadores que combinan colaboraci�n legislativa con un discurso cr�tico hacia Milei. Mart�n Llaryora (C�rdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) son centrales para cualquier votaci�n ajustada, aunque mantienen diferencias con el Ejecutivo. Ambos consideran que se necesita una modernizaci�n, especialmente para que las pymes puedan sostener, crear y blanquear empleos, pero plantean que se debe dar el debate punto por punto, sin acelerar el tratamiento legislativo. ?No tenemos apuro ni nos mueve el inter�s en un ATN?, aseguran. Posici�n similar tienen los otros tres gobernadores que integran el espacio de Provincias Unidas: Ignacio ?Nacho? Torres (Chubut); Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Al igual que Rolando Figueroa, (Neuqu�n), que tambi�n se mueve en esa zona intermedia. Acompa�an al Gobierno en general, pero plantean rechazos puntuales cuando consideran que se alteraban acuerdos previos, como ocurri� con el Cap�tulo XI del Presupuesto 2026 incorporado a �ltimo momento por el oficialismo. Inclu�a la derogaci�n de la Ley de Discapacidad y del Financiamiento Universitario, leyes que hab�an sido promovidas por ese espacio. Ese episodio dej� una se�al clara. El Ejecutivo logr� aprobar la ley en general, pero sufri� una derrota pol�tica al intentar avanzar sobre temas sensibles sin consenso previo. Diputados sobre los que tienen injerencia rechazaron ese apartado, aun cuando hab�an facilitado el avance del proyecto en otros tramos. Oposici�n dura, ajuste fiscal y negociaci�n condicionada En el otro extremo se alinean los gobernadores que anunciaron una articulaci�n opositora en el Congreso. Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfr�n (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y El�a Su�rez (Santiago del Estero) se reunieron a mediados de diciembre y publicaron un posicionamiento conjunto. Todos est�n distanciados del ala dura kirchnerista, que se qued� sin representaci�n territorial federal, aunque mantiene una alta injerencia legislativa tanto en el Congreso nacional como en las legislaturas provinciales. Los seis mandatarios cuestionan el impacto federal de las reformas libertarias y advierten sobre la p�rdida sostenida de recursos provinciales. En el comunicado conjunto se�alaron que ?las provincias fueron recibiendo cada vez menos recursos? y que la reforma laboral ?se convirti� en un instrumento para generar m�s desfinanciamiento federal?. Los datos del ajuste que definen alineamientos o refuerza distanciamientos El tel�n de fondo del alejamiento o acercamiento de los gobernadores y Milei es el ajuste. La ejecuci�n presupuestaria de 2025 cerr� con una ca�da real del gasto cercana al 29%, con recortes cr�ticos en transferencias a provincias y municipios, seg�n el CEPA. En ese contexto, los ATN volvieron a ser una herramienta central. Solo en diciembre se giraron $66.500 millones, de acuerdo con los datos del IARAF. Tucum�n ($20.000 millones), Misiones ($12.000 millones), Chaco ($11.000 millones), Catamarca ($10.500 millones), Entre R�os ($7000 millones) y Salta ($6000 millones) concentraron el 33% de los $198.000 millones distribuidos en todo 2025. Los legisladores de las seis provincias fueron una llave fundamental para que el oficialismo apruebe el Presupuesto 2026 y se perfilan para repetir el esquema en el debate de la reforma laboral. A eso se suman las deudas de Anses con las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales. Buenos Aires reclama $12 billones; Santa Fe, cerca de $2 billones; y Chubut, $51.000 millones. El Presupuesto 2026 prev� $122.000 millones para 13 distritos, una cifra que los gobernadores consideran insuficiente y que alimenta la desconfianza. La reforma laboral expone el nuevo v�nculo entre Milei y las provincias. De la confrontaci�n abierta del primer a�o se pas� a una negociaci�n pragm�tica, con recursos sobre la mesa y l�mites un poco claros que al principio del mandato. En el tercer a�o de gesti�n, el Gobierno necesita sostener acuerdos ?aunque sean fr�giles? en un Congreso dividido, mientras los gobernadores administran apoyos selectivos con el objetivo de no resignar poder territorial.

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