La maniobra investigada consistía en exigir dinero a un hombre para no difundir imágenes y videos de contenido sexual, de acuerdo con la información oficial del caso. La investigación fue delegada a la División Delitos Tecnológicos y se realizaron tareas de campo y análisis informativos para establecer la veracidad de los hechos y el modo de operación. El procedimiento fue ejecutado por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, según comunicó el Gobierno nacional que informó que fue en Ezeiza, donde se concretó la detención tras las actuaciones judiciales y policiales. La causa quedó enmarcada como un episodio de ciberdelito que combina captación de material íntimo y amenaza de difusión como método de presión.