El texto, elaborado junto con la Red de Buenas Prácticas Agrícolas —espacio que agrupa a más de 80 instituciones— y acompañado por otros 20 legisladores de diferentes fuerzas políticas, busca compatibilizar la actividad agrícola con la tutela de la salud y el ambiente.

El proyecto se apoya en un amplio consenso alcanzado entre instituciones del sector productivo, académico y social, lo que le otorga un carácter federal y plural. Viene a cubrir un vacío normativo y ofrece un marco común que aporte previsibilidad, transparencia y confianza, tanto para la ciudadanía como para los actores productivos. De esta manera, se busca garantizar que la producción agropecuaria pueda desarrollarse de manera innovadora, competitiva y sostenible, en equilibrio con la protección de la salud y el ambiente.

En tal sentido, el diputado Atilio Benedetti recalcó que no se trata exclusivamente de responder las demandas sociales, sino también de “una apuesta estratégica para el futuro del sistema agroalimentario, que debe ser competitivo, tecnológicamente innovador y ambientalmente sostenible”.

El núcleo de la propuesta es la implementación de buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios. Esto significa que cada aplicación deberá realizarse con equipos registrados y en condiciones meteorológicas adecuadas, respetando zonas de resguardo y bajo receta de un profesional matriculado. Con ello se asegura trazabilidad, responsabilidad técnica y seguridad en cada práctica, reduciendo riesgos de deriva y promoviendo un manejo responsable en relación con comunidades, cursos de agua y áreas naturales protegidas.

A tal efecto, el proyecto diseña un marco regulatorio con protecciones mínimas que regirán en todo el territorio nacional, sin perjuicio de las potestades que las provincias tienen para incrementar esa protección teniendo en cuenta su geografía y particularidades locales.

El texto establece además la noción de zonas sensibles, de exclusión y de amortiguamiento, categorías territoriales que permiten ordenar de manera objetiva y transparente el uso de fitosanitarios según la cercanía con poblaciones, escuelas rurales, centros de salud o áreas de valor ambiental y cultural. 

“La propuesta se alinea con el mandato constitucional de preservar el ambiente y con los compromisos internacionales del país en materia de desarrollo sostenible y además ofrece un marco que tiene por objetivo cuidar la salud de la población, asegurar transparencia en la información y garantizar la continuidad”, destacó el diputado Maximiliano Ferraro.

El texto normativo contempla también que los productos a utilizar sean exclusivamente aquellos autorizados por el SENASA, conforme a sus marbetes y hojas de seguridad, garantizando un control estricto sobre la legalidad y la seguridad de los insumos empleados, como también de sus equipos aplicadores y la capacitación obligatoria y periódica de quienes los operan.

De este modo, la iniciativa eleva los estándares de seguridad y trazabilidad en la aplicación de fitosanitarios, garantiza la protección de la salud y del ambiente, y brinda un marco claro y uniforme para toda la actividad agropecuaria del país, respetando las particularidades provinciales y los compromisos internacionales de desarrollo sostenible.